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La rehabilitación millonaria de El Puche dará 700 puestos de trabajo

Para cambiar la estética del barrio de El Puche hacen faltan muchos millones de euros, pero con 7 se puede hacer un amplio trabajo. El caso es que Gobierno y Junta de Andalucía han aportado 7,2 millones de euros, Fomento y Vivienda asumirá 4,8 millones de euros, que suponen el 66,6% del total, mientras que el Gobierno aportará el 33,4% restante (2,4 millones).Estas intervenciones, con las que se actuará tanto en el interior de las viviendas como en las zonas comunes de los edificios, además de en espacios públicos, se realizarán a través del Programa de Fomento de la Regeneración y Renovación Urbanas, figura recogida en el Plan Estatal, que tiene como objetivo mejorar los conjuntos históricos, los barrios degradados y los núcleos rurales. El inicio de los trabajos exige previamente la firma de un convenio específico entre la Consejería, el Ministerio y el Ayuntamiento.El de Fomento de la Regeneración y Renovación Urbanas es el primero de los cinco programas recogidos en el Plan Estatal que se ejecuta en Andalucía, donde está previsto intervenir también a través de la Ayuda al Alquiler de Vivienda; el Fomento de la Rehabilitación Edificatoria; el Apoyo a la Implantación del Informe de Evaluación de Edificios y el Fomento de Ciudades Sostenibles y Competitivas. En total, Andalucía aporta al Plan Estatal un total de 41,3 millones de euros, una partida presupuestaria con la que la Consejería que dirige Elena Cortés pretende ampliar el alcance del Plan y adaptar sus programas a la realidad social y económica de la Comunidad, donde es imprescindible una apuesta decidida por el alquiler asequible, las medidas para que las casas deshabitadas cumplan su función social y la rehabilitación de viviendas y espacios urbanos.La rehabilitación llevará asociada la generación de más de 700 de empleos directos e indirectos, responde a la doble apuesta del Gobierno autonómico por la rehabilitación residencial y energética, que constituyen líneas estratégicas para la reconversión del sector de la construcción hacia actividades generadoras de empleo estable; y para la mejora y adecuación del parque público residencial, con el que la administración garantiza el derecho a una vivienda digna la población con menos recursos.