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Hace 12 años.
Operación Babel para un duque.
Urdangarin logró beneficios del 170% sobre los costes de los foros. El caso judicial que alude a Iñaki Urdangarin es la Operación Babel en el argot de la policía judicial. Una estampa a colores de la torre babélica del gran cuadro de Brueghel figura sobre cada uno de los archivadores en los que se acumula la cuantiosa documentación incautada en las sedes de las empresas de la trama supuestamente corrupta. La policía de Palma agota sus recursos imaginativos bautizando, con metáforas y claves, sus investigaciones sobre escándalos: Maquillaje, Cloaca, Voltor (buitre) o Picnic son el mostrador la corrupción de Unió Mallorquina. En este caso de tanto eco, la nomenclatura recoge un mito de los orígenes y pretende reflejar el magma de cientos de facturas y nombres de sociedades sobre los que se trabaja. Operación Babel quiere plasmar la compleja constelación que rodea los negocios de patrocinios del yerno del Rey, el instituto, asociación y consultoría Nóos, su inmobiliaria Aizoon S.L., más las sociedades vinculadas Virtual Strategies S.L., Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat, De Goes Center For Stakeholder Management. Las investigaciones se desarrollan en las ciudades de Palma, Barcelona y Valencia. Todo un periplo geográfico y de códigos comerciales. Cinco años atrás -tres antes del estallido del escándalo matriz, el caso Palma Arena-, el diputado socialista Antonio Diéguez destapó en Palma el asunto pero de manera discreta. Denunció el primer convenio de Nóos con el Gobierno de Jaume Matas, del PP, que costó 1,2 millones. Y no nombró, adrede, a Iñaki Urdangarin, esposo de la infanta Cristina. Dijo que se trataba de un "pésimo ejemplo de administración de los dineros públicos" y detalló los grandes sueldos que se asignaron para un eventos de dos días: director de publicaciones, 40.000 euros; director de la red de regiones, 50.000 euros. Nóos celebró durante dos años el Forum e ingresó, 2,3 millones. En la memoria especificó “la necesidad de celebración anual del Forum Illes Balears con el objetivo de posicionar a Baleares como referente turístico y de reflexión estratégica acerca de sus posibilidades a nivel mundial”. Más doctrina y ambición: “La misión del Foro es contribuir a que los destinos turísticos organicen y desarrollen su patrimonio deportivo para fomentar su diferenciación y reforzar su posicionamiento en el ámbito internacional, logrando potenciar, en último término, su avance económico social”. El Foro se autoproclamaba como “un proyecto sin fronteras” para un “marco incomparable”. La evaluación inicial sobre las ganancias citadas en actividades privadas de Iñaki Urdangarin (y, en paralelo, de su socio en Nóos, Diego Torres) consta en distintos informes trasladados al juez y a la fiscalía por el grupo policial de Delincuencia Económica y técnicos de Hacienda, que han examinado la contabilidad y el tráfico en las cuentas entre sociedades. En cinco años, la cifra de negocios de Nóos rondó los 10 millones de euros, según la contabilidad del complejo entramado de asesorías y empresas organizado que ha sido examinado en la Operación Babel. Se ha identificado a una firma del grupo que transfirió cerca de medio millón a una cuenta de una sociedad en un paraíso fiscal. En este caso penal, englobado en el escándalo del caso Palma Arena sobre los supuestos enriquecimiento y la gestión corrupta del expresidente de Baleares Jaume Matas, del PP, se indaga una supuesta malversación de caudales públicos, fraude a la Administración y falsedad. En la pieza sobre el gasto de 2,3 millones en sendos Forum Illes Balears, en 2005 y 2006, están imputados la mano derecha de Urdangarin en Nóos, Diego Torres, y otros tres administradores de la trama, Miguel, Ana y Marco Tejeiro. Para los investigadores es “lógica e inevitable” la futura citación como imputado del yerno del Rey para que declare sobre los hechos cuestionados. El fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, tras meses de indagaciones junto al juez José Castro, ha trabajado esta semana a lo largo de tres días en los registros en Barcelona en las sedes de Nóos y en los interrogatorios. El abogado de Diego Torres, Manuel González Peeters, asegura que los registros son “nulos de pleno derecho” por lo que ha pedido el archivo de las actuaciones. Su recurso señala que el juez pidió 14 meses atrás los convenios firmados por el Instituto Nóos con el Gobierno de Baleares. Torres, en su condición de testigo, facilitó un total de 384 documentos sobre los que, a la postre “se cimentó la tesis de la imputación” y “se construyó este asunto”. Torres trató de justificar los programas ejecutados con fondos públicos. Pero tras analizar esas aportaciones, el juez lo citó a declarar como imputado. “Es decir, se toma como punto de partida para imputar a una persona lo que esa persona ha aportado al juzgado como no imputado”, razona el recurso. Por otra parte, el letrado de Jaume Matas —que no está imputado en esta pieza penal, segregada del caso Palma Arena— ha solicitado que el asunto pase a la Audiencia Nacional porque los hechos suceden en diversas comunidades autónomas. 
